La Cámara Federal concedió el recurso de apelación de la Oficina Anticorrupción y anuló el sobreseimiento de Liuzzi por enriquecimiento ilícito

La Sala II de la Cámara Federal (integrada por los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah) decidió hoy anular el sobreseimiento de Carlos Liuzzi y apartar de la causa al juez Luis Rodríguez. Los integrantes de la Sala II cuestionaron en duros términos al juez por haber dictado el sobreseimiento del imputado justo un día después de haberle dado acceso a la causa a la Oficina Anticorrupción (OA).
 
Así lo expresan en la resolución: “Si bien el Juez hizo lugar a la petición de acceso al expediente de la Oficina Anticorrupción, omitió ponerla en conocimiento de ello y en ese mismo acto ordenó pasar los autos a despacho para resolver. Y así, el día hábil siguiente dispuso el sobreseimiento de Liuzzi y su entorno con críticas parciales a las conclusiones del estudio referidas a que se plantearon inquietudes a destiempo e incluso tildando al peritaje de contradictorio; y sustentado únicamente en el testimonio del sobrino del imputado -sin aporte de documentación económicamente relevante- excluyó de la consideración el pago de los viajes internacionales que efectuaron.
 
La particular situación se completó cuando el Fiscal Ramiro González consintió esa decisión, seguido de la presentación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas en la que se queja por haber sido tardíamente notificado del cierre de la causa, derivando todo ello en que la articulación de la pretensión de querellarse de la OA  fuera considerada tardía y por ende rechazada.
 
Sin embargo, no puede pasarse por alto que como surge de la reseña, aquella aceptación de acceso al proceso de la Oficina Anticorrupción para posibilitar el ejercicio de su mandato legal, fue seguida del intempestivo cierre de la causa cuando estaba en pleno curso de investigación -esta adjetivación no obedece a una precisión temporal sino al somero confronte de sus fundamentos con la principal prueba obtenida y el estado del trámite-, sin que aquel extremo fuera puesto en conocimiento del organismo, de forma tal que no existió para esa oficina la posibilidad real de interiorizarse de las actuaciones durante su trámite, es decir en tiempo oportuno para así poder evaluar las acciones propias de su competencia.
 
Fue claramente esta situación y no otra la que motivó que su pretensión de constituirse en parte querellante fuera posterior al sobreseimiento y por ello calificada como “extemporánea” por el Juez; y solo fue ese el fundamento para desecharla, impidiéndose además, cualquier posibilidad de discutir la firmeza de lo resuelto.
 
En pocas palabras: se le dio al organismo anticorrupción un acceso ficto a la causa luego de lo cual se la cerró de forma inmediata y se le impidió discutir ese criterio por haberse presentado fuera de los plazos legales.”
 
El Tribunal recordó que “el objeto de investigación es el posible enriquecimiento ilícito de Liuzzi en tanto se denunció que su patrimonio aumentó treinta y ocho veces desde su ingreso a la función pública y el año que entonces transcurría. Ello en razón que en su primera declaración jurada del año 2003 declaró un monto de ciento ochenta y nueve mil trescientos treinta y nueve pesos -$189.339- y en la del año 2012 expuso que su patrimonio ascendía a siete millones doscientos veintiséis mil ciento sesenta pesos -$ 7.226.160-, denunciándose que en verdad contaba con bienes por valor de diez millones de dólares”.
 
En su presentación la OA había afirmado que “el sobreseimiento de Carlos Emilio Liuzzi es nula de nulidad absoluta, toda vez que fue notificada al organismo del Ministerio Público Fiscal con competencia subsidiaria para mantener la vigencia de la acción penal (la PIA), una vez firme y agotada toda posibilidad de recurso ulterior”, y había agregado que la notificación tardía a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas “fue una parodia del cumplimiento de la ley, al solo efecto de evitar el cuestionamiento ulterior de lo decidido, apurado también para evitar que esta Oficina pudiera acceder y controlar también lo resuelto”.  

Juan M. Illescas